Brasil: las cárceles de la droga y de la miseria

Brasil: las cárceles de la droga y de la miseria

Brasil: las cárceles de la droga y de la miseria

Las últimas masacres carcelarias revelaron que, como ya se había advertido, el sistema penitenciario brasileño es un polvorín: superpoblado, insalubre, totalmente inadecuado y listo para explotar. Las leyes represivas del tráfico de drogas han logrado aumentar la población carcelaria, pero al mismo tiempo fortalecieron a las grandes organizaciones criminales. Se trata de un sistema ineficaz en la protección de la salud pública, pero que tiene entre sus metas el disciplinamiento social de los más pobres, en especial los jóvenes y los negros.

Por Luciana Boiteux
Este texto tiene por objeto relacionar las recientes masacres de presos en Brasil, que vuelven a despertar la atención de los medios y de las autoridades, con la permanente «crisis penitenciaria» que vivimos, fruto de una sociedad punitiva pero selectiva con sus blancos y de una política de drogas represiva, que ha sustentado el sobreencarcelamiento creciente con el beneplácito del Poder Judicial y que agrava cada día las condiciones de vida de los presos en nuestro sistema penitenciario.

El fin de 2016 estuvo marcado por la profundización de la crisis económica, y la respuesta del gobierno ilegítimo de Michel Temer fue la adopción de políticas neoliberales de contención del gasto público, especialmente en salud y educación, y de reducción de derechos sociales. En este contexto, 2017 marca el regreso a una explosión de violencia contra los presos, a partir de la matanza que incluyó la decapitación de casi 60 personas en una penitenciaría del estado de Amazonas –estado que posee una de las tasas más altas de superpoblación carcelaria del país, 259%1–, que después se extendió a dos estados más. Para comprender este escenario, es preciso decir que la opción brasileña por el refuerzo de la represión, especialmente contra el tráfico de drogas y los delitos patrimoniales (en línea con las demandas mediáticas de castigo), no fue acompañada por el nivel de gastos necesario para ejecutar esa estrategia.

En Brasil, existen altas tasas de encarcelamiento que sobrecargan el sistema penitenciario y que resultan de una opción punitiva desenfrenada e irracional, sin que se invierta en mejoras en las condiciones carcelarias o en la reducción del número de presos. El país se convirtió en el cuarto mayor encarcelador del mundo en cantidad absoluta de personas presas2, con 622.202 presos en diciembre de 2014 –últimas cifras divulgadas oficialmente–, lo que corresponde a una tasa de 306,22 presos por cada 100.000 habitantes3. Posiblemente hoy, en 2017, estos números deben de haber aumentado aún más, pero no hay informaciones oficiales.

En los últimos 14 años (2000-2014) se verificó un aumento de 267,32% del número de presos; en comparación con otros países de América Latina, Brasil posee proporcionalmente la tasa más alta4, seguido de México, Chile, Colombia y Perú5.

Para comprender la causa de esta epidemia de encarcelamiento en Brasil, debemos tener en cuenta el gran aumento de la cantidad de presos por el delito de tráfico de drogas, que tuvo el mayor crecimiento en los últimos años en representatividad penitenciaria, conforme con lo ya analizado en estudios anteriores6. Sin embargo, a pesar del aumento de la represión, en las últimas décadas Brasil pasó de ser un país de tránsito de drogas ilícitas a uno de alto consumo, no obstante haber endurecido de manera considerable sus leyes represivas y profundizado el déficit carcelario.

El endurecimiento de la política criminal de drogas, que se inicia con la Constitución de 1988 y que convirtió ese delito en aberrante y redujo los beneficios penitenciarios, fue reforzado a partir de la Ley de Drogas 11343/06, que aumentó el mínimo de la pena privativa de libertad por el delito de tráfico (art. 33) de tres a cinco años.

A pesar de haberse quitado la posibilidad de que los consumidores vayan presos, en la ley se mantuvo la tenencia de drogas como delito. Y aunque se introdujeron penas alternativas, el efecto perverso de la norma fue el encarcelamiento de consumidores pobres como traficantes, tal como analizamos en una investigación realizada en Río de Janeiro y en Brasilia7. Por lo tanto, el resultado de estos diez años de la ley –la primera legislación de drogas sancionada después del fin de la dictadura empresarial-militar (1964-1984) y después de la Constitución democrática de 1988– fue el aumento de los encarcelamientos.

Aunque parezca contradictorio, la redemocratización en el Brasil significó un avance del punitivismo y del Estado penal y llevó a un gran aumento del número de presos, al mismo tiempo que se fortalecieron facciones delictivas que actúan en los presidios y fuera de ellos, cada vez más involucradas en el lucrativo tráfico de drogas. Paradójicamente, se estima que fue justamente el aumento de la represión penal al tráfico lo que condujo al fortalecimiento de los grupos delictivos responsables del narcotráfico. Nótese con esto que, en la perspectiva de la criminología crítica que adoptamos, el aumento del número de presos por tráfico no significa un aumento del tráfico en sí, sino el refuerzo de la actuación selectiva del sistema de justicia criminal dirigido contra ese tipo de delito; es decir que el sistema (que es estructuralmente selectivo) coloca intencionalmente como prioridad de la actuación policial este tipo de represión. A su vez, el Poder Judicial cumple con su parte aplicando penas altas y reduciendo garantías en los procesos por ese delito.

A pesar de la ampliación del debate público sobre política de drogas en Brasil, tanto la superpoblación carcelaria como las condiciones penitenciarias empeoraron bajo la influencia directa de esa política represiva, que abusa de la prisión preventiva y no prioriza las penas alternativas, medidas que podrían por lo menos aliviar parcialmente la superpoblación. Y las consecuencias se sienten dentro de las prisiones.

En este sentido, consideramos que el número excesivo de presos lleva al fortalecimiento de las organizaciones criminales, toda vez que estas amplían sus áreas de influencia. Cuanto más presos se envían a las prisiones, e incluso cuanto peores son las condiciones de encarcelamiento, más fuertes devienen las organizaciones criminales, pues el Estado pierde el control dentro de las cárceles: los agentes penitenciarios, cuyo número está muy por debajo del necesario y cuyas condiciones de trabajo están precarizadas, se vuelven vulnerables, mientras que los líderes criminales ayudan a organizar a los presos e incluso les ofrecen asistencia y protección.

Del lado de afuera, estas mismas redes organizan el tráfico de drogas y se fortalecen financieramente. Cuantas más personas estén encarceladas, más fuertes serán las facciones criminales, pues estas se organizan en ausencia del Estado. Al mismo tiempo, el prohibicionismo, que sirve como base ideológica para la criminalización del tráfico de drogas, crea los mercados ilícitos y el negocio lucrativo se amplía cada vez más. Es la propia prohibición de las drogas la que crea estos monopolios ilícitos, y resulta cierto que la represión penal no genera ningún efecto sobre la reducción del consumo o incluso del tráfico, sino que, por el contrario, tiene como resultado el aumento del encarcelamiento, del tráfico y de la oferta de drogas.

Notas:

1. Ministerio de Justicia de Brasil: Levantamento nacional de informações penitenciárias (Infopen), diciembre de 2014, disponible en http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-p....

2. Según el Departamento Penitenciario Nacional, Estados Unidos, Rusia y China han reducido sus tasas de encarcelamiento en los últimos años, pero Brasil sigue una trayectoria diametralmente opuesta, ya que ha incrementado su población carcelaria en un orden cercano a 7% anual. Ministerio de Justicia de Brasil: ob. cit.

3. Ibíd.

4. Tasa de presos por cada 100.000 habitantes.

5. Fuente: International Centre for Prison Studies, http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2012/....

6. L. Boiteux y Ela Wiecko (coords.): Tráfico de drogas e Constituição, Ministerio de Justicia, Brasilia, 2009, disponible en http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2012/...; L. Boiteux: «Drogas y prisión: la represión contra las drogas y el aumento de la población penitenciaria en Brasil» en Pien Metal y Coletta Youngers (eds.):Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina, Transnational Institute / Washington Office on Latin America, Ámsterdam-Washington, 2010; L. Boiteux y João Pedro Padua: «La desproporción de la Ley de Drogas: los costes humanos y económicos de la actual política en Brasil» en Catalina Pérez Correa (ed.): Justiciadesmedida. Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina, Fontamara, Ciudad de México, 2012; L. Boiteux y J.P. Padua: «Respuestas estatales al consumidor de drogas ilícitas en Brasil. Un análisis crítico de las políticas públicas (civiles y penales)» en C. Pérez Correa (ed.): Consumo, consumidores de drogas y las respuestas estatales en América Latina, Fontamara, Ciudad de México, 2014.

7. L. Boiteux y E. Wiecko: ob. cit.

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