Derechos reconocidos y vulnerados de la población LGBTI en América Latina

Derechos reconocidos y vulnerados de la población LGBTI en América Latina

Derechos reconocidos y vulnerados de la población LGBTI en América Latina

Por Esther Pineda

No existe voluntad política y social para la deconstrucción de los prejuicios y la construcción de nuevos esquemas relacionales al ser sociedades notoria y profundamente patriarcales, sexistas, androcéntricas y falocráticas.

Daniel Arzola

La perspectiva feminista, los estudios de género, el pensar las identidades disidentes, los cuerpos no normados y las preferencias heterotransgresoras desde una perspectiva crítica, cuestionando los privilegios, las imposiciones y los mecanismos de dominación históricamente instalados, han propiciado -si bien de forma limitada- algunos avances en la materia; entre estos es posible considerar un mayor respeto por los derechos humanos, la sensibilización de la población, la reducción de algunos índices de violencia, el reconocimiento de la diversidad en los espacios públicos, educativos, laborales, mediáticos y jurídicos, entre otros. Sin embargo, las sociedades latinoamericanas se caracterizan por su carácter profundamente conservador, donde la mirada de desaprobación, el cuestionamiento de las preferencias, la interpelación sobre la identidad y el control social de los espacios continúan siendo la norma.

Aunque en la región cada día son menos las leyes que criminalizan de forma explícita la no heterosexualidad y las identidades de género alternativas, existe una tendencia a relegar, normar y sancionar estas preferencias e identidades desde códigos morales y sociales. En América Latina con independencia de las particularidades e idiosincrasia de casa país, existen significativas resistencias a la transformación social, enfáticamente cuando se trata del reconocimiento, vindicación de derechos e incorporación de grupos vulnerables e históricamente estigmatizados.

En el caso de la población Lgbti no existe voluntad política y social para la deconstrucción de los prejuicios y la construcción de nuevos esquemas relacionales al ser sociedades notoria y profundamente patriarcales, sexistas, androcéntricas y falocráticas; por ello en la región ser homosexual, bisexual o transgénero sigue siendo una condición considerada degradatoria, no solo para quien la detenta, sino también considerada como signo de degradación y decadencia de la sociedad.

Pese a que el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género se encuentra amparada en los derechos humanos y los Principios de Yogyakarta proveen los lineamientos para el desarrollo de legislaciones en materia de orientación sexual e identidad de género, a fin de prevenir, atender y erradicar las ejecuciones extralegales, la violencia, la tortura contra la población Lgbti, y garantizar derechos como el acceso a la justicia, la no discriminación, la libertad de expresión, el empleo, la salud, la educación, la migración, la participación pública, entre otros; los avances en esta materia en la región latinoamericana continúan a merced del pensamiento conservadurista aún dominante en las instituciones jurídico-políticas.

Son muchos aun los derechos vulnerados e irreconocidos de la población Lgbti en América Latina, en algunos países de la región no existen instrumentos jurídicos, instituciones específicas o políticas públicas orientadas a prevenir, sensibilizar, atender o sancionar situaciones de discriminación, perjuicio, violencia y crímenes de odio cometidos contra gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros; y algunos de ellos no cuentan con legislaciones en lo que refiere el matrimonio igualitario o las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

En otros países de la región latinoamericana a las personas transgéneros le siguen siendo negados sus derechos básicos, entre ellos podemos mencionar la vulneración del derecho a la obtención de documentos en los que se reflejen su identidad de género, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y a la inserción laboral; hechos en su conjunto que crean las condiciones para que sus vidas se desarrollen en el contexto de la pobreza, el trabajo informal o las actividades económicas criminalizadas como la prostitución. Así mismo, cuando es incorporada una perspectiva Lgbti en la agenda pública generalmente se realiza desde una dimensión enunciativa, postergando la concreción de acciones afirmativas y políticas públicas que permitan transitar hacia la garantía de derechos, la no discriminación y el verdadero reconocimiento de la diversidad.

Ante ello, se hace necesario el diseño de políticas públicas orientadas a la sensibilización y formación tanto de funcionarios, operadores de justicia y la población en general; aunado al desarrollo de medidas urgentes dirigidas a combatir la discriminación, prejuicios y estereotipos contra las personas Lgbti, las cuales deberán estar acompañadas de iniciativas integrales que garanticen la prevención, investigación, sanción y reparación de los actos de violencia cometidos contra esta población bajo los estándares de debida diligencia.

adminaldhea

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