Jairo Estrada: En Colombia vivimos un momento de inflexión histórica

Jairo Estrada: En Colombia vivimos un momento de inflexión histórica

Jairo Estrada: En Colombia vivimos un momento de inflexión histórica

Entrevista a Jairo Estrada

Jairo Estrada es profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde hace 25 años. Es economista y doctor en Economía de la Hochfachschule fuer Oekonomie de Berlín. Portavoz en el Senado de la República de la agrupación política “Voces de Paz y Reconciliación”, organización surgida de los acuerdos de La Habana para participar en el Congreso en los debates sobre las reformas legislativas requeridas para la implementación de los acuerdos, y para promover la creación del partido político que surja de la transición de las FARC-EP a la vida política legal. La entrevista fue realizada el pasado 1 de junio de 2017 por nuestra amiga y colaboradora María Luisa Rodríguez Peñaranda,profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colombia.

María Luisa Rodríguez Peñaranda (ML): ¿Cómo llegaste a conocer a los integrantes de las Farc? 

Jairo Estrada Álvarez (JEA): A los integrantes de las FARC-EP los fui conociendo a lo largo de las últimas tres décadas y siempre en el contexto de la búsqueda a una solución política al conflicto social y armado. Primero, durante los primeros años de la Unión Patriótica, antes de que se vieran obligados a irse al monte, cuando empezó -entrado el segundo lustro de los años de 1980- el genocidio contra esa alternativa política de izquierda. Luego, en los diálogos de Tlaxcala en 1992, al asistir como invitado de la Mesa a la discusión -nunca realizada por la ruptura de las conversaciones - sobre el modelo económico. Seguidamente, en los diálogos de El Caguán, por mi participación en calidad de experto en la audiencia pública sobre presupuesto público. Y ahora, durante los diálogos y negociaciones que se llevaron a cabo en La Habana. Allí fui invitado por la Mesa a intervenir como experto de los temas del primer punto de la Agenda. Posteriormente, junto con otros once colegas, hice parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Y en mi calidad colaborador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional contribuí activamente en los foros de participación social y ciudadana sobre los diferentes puntos de la Agenda, que se organizaron y realizaron de manera conjunta con el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo - PNUD, a petición del Gobierno Nacional y la FARC-EP. Hice parte además de los invitados a participar en lo que se conoció como el cónclave, con el que se produjo el cierre del primer acuerdo en junio de 2016. Por todas estas actividades señaladas, mis intercambios con la Delegación de Paz de las FARC-EP en La Habana se hicieron más frecuentes, posibilitándose en mayor conocimiento mutuo. Como te das cuenta, se trata de un proceso de conocimiento de décadas, que ha tenido además la motivaciones intelectuales y políticas de cualquiera que se interesa seriamente por los temas del conflicto, la solución política y las perspectivas de la paz.

(ML): Teniendo en cuenta esa mirada externa, que ha sido un acompañamiento pero desde fuera, como observador, ¿cómo ha visto la evolución de las Farc en todas estas décadas? y ¿cuál sería el motivo que los llevó finalmente a pactar la paz justo en este momento? 

(JEA): Como ya lo señalé, mis encuentros con las FARC-EP siempre fueron en momentos de negociaciones de paz. Y creo que esa circunstancia merece atención; indica, a mi juicio, que en su perspectiva siempre estuvo la consideración de una solución política, tal y como se puede leer en sus numerosos documentos programáticos y de estrategia política. Ahora bien, ¿qué llevó a las FARC-EP a contemplar el inicio de unos diálogos y negociaciones y la posibilidad de un acuerdo paz? Creo que se trata de un conjunto de razones. Unas, que provienen del contexto internacional. Otras que se explican por la tendencia del proceso político interno.

En cuanto a las primeras, tengo la impresión de la intensa movilización social y popular que condujo a cambios políticos democráticos y de izquierda en Nuestra América durante la primera década de este siglo y produjo un contexto geopolítico favorable, alentó a las FARC-EP a considerar que en nuestro país pudieran desatarse repertorios y dinámicas de lucha con rasgos y contenidos similares. Y de esa forma, agregar a la posibilidad de consolidar un horizonte de transformaciones políticas y sociales profundas en la Región.

Respecto de las segundas, tras la persecución, la represión y el ejercicio de la violencia estatal y paramilitar durante los gobiernos de Uribe, se advertía una tendencia al ascenso de la movilización social y popular en nuestro país. La Minga social e indígena, el movimiento estudiantil aglutinado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la movilización campesina y los paros campesinos, movimientos localizados de carácter socioterritorial contra la extracción minero-energética, daban cuenta de un estado esperanzador de las luchas, en el que se expresaban dinámicas constituyentes que hacían pensar en nuevas posibilidades de construcción de poder popular “desde abajo”. El inicio de los diálogos fue visto probablemente como opción de articulación de aspiraciones históricas de la guerrilla con demandas también históricas y presentes del movimiento social y popular. Creo que esa circunstancia llevó a sostener durante buena parte de la negociación la exigencia de las FARC-EP por una Asamblea Nacional Constituyente.

A lo anterior se agrega, por una parte, la lectura acertada de lo que ya se perfilaba como una ruptura del consenso en el bloque dominante en el poder, que hasta el inicio del primer mandato de Santos había servido de sustento al propósito de los gobiernos de Uribe de buscar una solución militar al conflicto, de una derrota y un sometimiento guerrillero que nunca llegó. Y por la otra, un análisis del balance militar de la guerra que -luego del Plan Colombia y de planes sucesivos derivados

de éste- seguramente concluyó en la imposibilidad de imponerse sobre las armas del Estado. En síntesis, tengo la impresión de que las FARC-EP llegaron al convencimiento de que había un momento propicio para iniciar un proceso de diálogos y negociaciones que de prosperar generaría la condiciones para el tránsito a la vida política legal y continuar en la contienda política abierta la brega por sus aspiraciones históricas de transformación estructural de la sociedad.

De parte del Gobierno de Santos hubo desde luego otras motivaciones. La economía política de la guerra pesó en forma significativa. Diferentes estudios mostraban una insostenibilidad fiscal del nivel del gasto militar en el largo plazo. A lo que se agregaba, el impacto del accionar bélico sobre la llamada confianza inversionista, en el marco de un modelo económico que en buena medida descansaba en ese momento sobre los flujos de inversión extranjera hacia proyectos minero-energéticos y de infraestructura. Junto con ello, considero que también influyó la tendencia al agotamiento de formas violentas y paraestatales de preservación del orden, que habían conducido a una exacerbación a gran escala de violaciones de los derechos humanos y producían en forma creciente el cuestionamiento de sectores importantes de la comunidad internacional sobre las formas de ejercicio del poder en el país. Restablecer un cierto “orden del derecho”, desmarcarse de las facciones más criminales y mafiosas y con reconocidos vínculos con el narcotráfico parece ser que se convirtió en propósito de sectores de las élites representados por el Presidente Santos. El reconocimiento de la existencia del conflicto fue un primer paso significativo en esa dirección, pues representó el inicio del desmarque frente a aquellos sectores que hasta 2010 hablaban contra evidencia histórica de la existencia de una “amenaza terrorista”. Lo que siguió fue el comienzo de los diálogos y negociaciones de La Habana; la ruptura del consenso en el bloque dominante en el poder; el surgimiento de una oposición de ultraderecha. Y la idea del Gobierno de Santos de que el proceso podía ser reducido al desarme de las FARC-EP; una paz barata y sin reformas.

(ML): ¿Cuáles son los criterios que se usaron para llegar a ser voceros de las FARC en el Congreso? Los tres voceros en el Senado y los tres en la Cámara parecen provenir de movimientos distintos. En tu caso provienes de Voces de Paz y Reconciliación ¿De dónde vienen los demás?, ¿Cómo se llegó a su selección? 

(JEA): Para dar respuesta a esas preguntas es necesario comprender el lugar de Voces de Paz y Reconciliación en los acuerdos. Uno de los fines de cualquier proceso de paz consiste en que quienes han estado alzados en armas contra el Estado cuenten con las condiciones necesarias para poder hacer el tránsito a la vida política legal para dar continuidad a su proyecto político a través de la contienda política abierta. Dentro de esos requisitos se encuentra la posibilidad de transformarse en partido político legal. Mientras se da ese paso existe un período de tiempo excepcional que coincide con el lapso requerido para surtir la dejación de armas al tiempo que se habilitan las condiciones para un proceso de reincorporación integral, política, económica y social. En ese marco, el acuerdo paz previó la conformación de una agrupación política de ciudadanos en ejercicio con las funciones de acompañar la creación del partido político legal en que se transformarán las FARC-EP y de participar en los debates parlamentarios sobre las reformas básicas al ordenamiento constitucional y legal necesarias para la implementación del Acuerdo Final y a realizarse durante el primer año. Se trata en este aspecto de una función de veeduría para lo que se tramite y apruebe en el Congreso corresponda al espíritu y la letra de los acuerdos, desde luego de carácter limitado pues se tiene voz pero no voto. Voces de Paz y Reconciliación es la agrupación que se creó en diciembre de 2016 para cumplir con ese acuerdo del Gobierno y las FARC-EP.

Diversas experiencias y trayectorias políticas en el campo de la izquierda, con cercanías e identidades con los acuerdos de La Habana y en diálogo e intercambios con la Delegación de las FARC-EP, se dieron a esa tarea. Se contempló inicialmente que se debía buscar una amplia representación; se habló incluso de promover encuentros regionales, para llegar a un encuentro nacional. La refrendación del Acuerdo Final por parte del Congreso en su calidad de constituyente derivado tras la derrota del plebiscito, y el fallo de la Corte Constitucional que avaló el procedimiento de trámite expedito en el Congreso para hacer las reformas legislativas, conocido como de fast track precipitaron no obstante los acontecimientos. Se hizo necesario que en un par días estuviera constituida la agrupación a fin de que sus voceros pudieran participar en los debates de la Ley de Amnistía que debía tramitarse en la última semana de diciembre de 2016, como muestra primera del compromiso y cumplimiento del Estado con los acuerdos de La Habana. Así es que de manera rápida se organizó la reunión de constitución de la agrupación a la que asistieron algo más de cincuenta delegados, además de representantes de las FARC-EP en calidad de invitados, y que se celebró en la Biblioteca del Congreso de la República. Se surtieron los trámites correspondientes para su reconocimiento en el Consejo Nacional Electoral. Era el 15 de diciembre de 2016.

Antes que hablar sobre las personas que harían las vocerías, se habló de criterios para la representación. Se pensó en mujeres, como un reconocimiento a su condición de discriminadas y excluidas históricamente, pero también a sus luchas; se contempló la necesaria participación de la juventud, por sus persistentes demostraciones de rebeldía y por su indiscutible contribución a las proyecciones de futuro de un país que anhela la paz; se consideró que estuviesen presentes voces de víctimas y de defensa de los derechos humanos; también que contribuyesen expresiones de la intelectualidad crítica y de la academia; e incluso que también se escuchasen voces de los territorios. Todo ello, teniendo en cuenta en forma adicional los retos que se derivan de la participación en el debate parlamentario.

Así se llegó a los seis. Tres en el Senado y tres en la Cámara de Representantes: Imelda Daza, víctima de la persecución y el extermino de la Unión Patriótica. En su tierra vallenata hizo política de izquierda con Ricardo Palmera. El ingresó a la guerrilla; ella se fue al exilio a Suecia por más de dos décadas. Por fortuna la tenemos ahora con su vitalidad y compromiso. Judith Maldonado, mujer también aguerrida, defensora de derechos humanos, comprometida con las causas campesinas de su región. Jairo Rivera, hoy profesor universitario, dirigente del movimiento estudiantil que constituyó la hermosa experiencia de la MANE y joven promesa de las luchas por un mejor país. Francisco Tolosa, dirigente político, fue miembro de la Junta Nacional de la Marcha Patriótica y preso político sindicado de rebelión; ha sido también dirigente estudiantil y profesor universitario. También una joven promesa. Pablo Cruz, abogado, con reconocida trayectoria académica y profesional, ex notario del Círculo de Bogotá y ex decano de Derecho de la Universidad Autónoma; víctima directa del conflicto. Su hermano fue asesinado por representar y defender sindicatos de trabajadores en el Valle. Y yo, Jairo Estrada, profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, comunista desde mi temprana juventud.

Como te das cuenta, un grupo heterogéneo pero firme y coincidente en convicciones y propósitos de construcción de paz.

(ML): Interesante porque eso no se ha explicado. 

(JE): Así es. Esa faceta más personal no se ha difundido suficientemente. Se nos mira más de cara a la labor que desempeñamos actualmente.

(ML): ¿Ser vocero de las Farc en el Congreso, no supone tener encima también una camiseta muy costosa, pesada? ¿Cómo lo vives allí? Con esa trayectoria académica de acompañamiento externo hasta llegar a ponerte la camiseta y el estigma que genera social, políticamente, ¿cómo lo vives en el Congreso? ¿Cómo lo sientes en la sociedad también? ¿Ha cambiado en algo tu vida? 

(JE): Evidentemente la carga es pesada. No es fácil explicar que no somos integrantes de las FARC-EP, pero que somos sus voceros en el Congreso. En un país tan polarizado esas distinciones no se hacen. Y menos aún, en aquellos sectores de la sociedad en los que se ha entronizado un especie de fascismo social, que se promueve el odio e incluso -de manera directa o indirecta- la liquidación física del contradictor u opositor. Pero bueno, ese costo lo asumimos con toda consecuencia.

En lo personal, la vida cambia significativamente. Se altera la cotidianidad pues se alteran las rutinas. Algunas actividades se eliminan. La exposición pública se reduce a lo necesario. Es cuestión de seguridad. A ello se agrega la incomodidad de los esquemas de seguridad. Andar en carro blindado y con escoltas, no es propiamente

algo que atraiga a quien se ha movido toda la vida libremente, sobre todo en espacios universitarios. Pero lo entiendo. En este país no sólo se amenaza. Se mata. Así lo muestra la estela de sangre de hombres y mujeres, líderes sociales, asesinados durante el último año en nuestro país.

Pero como ya lo afirmé. En Voces de Paz hemos optado por asumir el costo político y personal. Tenemos la convicción de que podemos aportar nuestro grano de arena a la perspectiva de una terminación de la confrontación armada y de construir las bases de una paz estable y duradera, sobre todo de cara a las generaciones futuras. Tenemos claro que la firma de un Acuerdo de Paz representa un paso significativo en esa dirección; que debe comprenderse como el inicio de una tarea de mayor calibre, cual es la implementación de lo acordado y la reincorporación de la comunidad guerrillera a la vida civil. Hemos encontrado apoyo, manifestaciones de simpatía y de acompañamiento, provenientes de todos los rincones del país y desde luego de nuestros compañeros y amigos más cercanos. También nos han tildado de narcoterroristas, asesinos, criminales. Improperios que provienen particularmente de la ultraderecha del Centro Democrático.

Nuestra presencia actual en el Congreso es una especie de aclimatación de lo que será a partir de 2018 la presencia de bancada de Partido en el que se conviertan las FARC-EP. Será una bancada de hombres y mujeres que para ese momento habrán dejado las armas y emprendido la lucha política legal.

(ML): De cara a las elecciones del 2018, ¿Cómo se está avizorando por parte de las Farc el panorama político?, ¿El nuevo partido político va a lanzar candidato propio?, ¿Van a propiciar alianzas?, ¿Cuál es la idea que tienen en mente? 

(JE): Lo primero que se debe reiterar es la decisión de las FARC-EP de convertirse en partido político legal. Todo proceso de paz conduce a que quienes han estado alzados en armas dan continuidad a sus propósitos a través de la contienda política abierta. Las FARC-EP poseen un acumulado histórico de organización y accionar político, que deberá ser puesto en función de las condiciones derivadas del acuerdo de paz. Su concepción de la política no se limita a la participación electoral. No debe esperarse que se constituyan simplemente en otro partido parlamentario. De sus documentos se desprende, que también apoyarán e impulsarán dinámicas constituyentes, construcción de poder popular “desde abajo”. Su lógica parece de Partido- Movimiento.

Ahora bien, por razones circunstanciales, su tránsito a la legalidad se da en el contexto del inicio de la campaña electoral para la presidencia de la República (2018-2022) y de Senado y Cámara para el mismo período. El acuerdo de paz contempla su participación en el proceso de electoral. Aunque aún sería temprano hacer afirmaciones sobre su política electoral, los documentos de la X Conferencia guerrillera celebrado en septiembre del año pasado y las “Tesis de Abril”,

preparatorias del congreso fundacional, permiten identificar su intención de promover una gran coalición de amplia convergencia para la elección presidencial, lo cual es comprensible a luz de los propósitos de la ultraderecha de articularse en franca oposición no sólo a la implementación de los acuerdos, sino de revertirlos y también de cerrar el paso a las negociaciones en curso con el Ejército de Liberación Nacional – ELN. Tengo la impresión de que no aspiran a presentar un candidato presidencial propio.

(ML): ¿Las FARC van a conservar el nombre? 

(JE): Lo que se ha dicho hasta ahora es que preservarán la sigla FARC. Renombrándola.

(ML): En lugar de Fuerzas… ¿sería algo así como Fraternidad…? 

(JE): Francamente no sé. Me parece, en todo caso, como ya te lo expresé, que hay una idea de Partido-Movimiento, más que de Frente.

Pero, quisiera regresar a una pregunta anterior para ampliar las consideraciones sobre el tránsito de las FARC-EP a la vida legal. Hay unos requisitos básicos, que se derivan de compromisos de las partes. Del lado de las FARC-EP, se debe haber terminado el proceso de dejación de armas, que con el ajuste al calendario inicial cual se habrá surtido el próximo primero de agosto. Fecha en la que termina la figura jurídica de la actual localización guerrillera: las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Por cierto, un proceso expedito de dejación si se compara con experiencias internacionales.

De lado del gobierno, deben habilitarse un conjunto de condiciones jurídicas, socioeconómicas y de seguridad. Los prisioneros de guerra deben haber salido de las cárceles (son de más 3.000 y a la fecha no ha salido sino el 30%); deben haberse levantado las órdenes de captura; y debe haberse proferido la amnistía para toda la “guerrillerada” (cerca de 7.000) y las milicias (más de 3.000). En los aspectos socioeconómicos, deberán estar activados los beneficios para garantizar una vida digna, los cuales abarcan un conjunto de prestaciones individuales, cofinanciación estatal para proyectos productivos individuales y colectivos, y para planes y programas específicos, en su gran mayoría de naturaleza social. Y además, deberán estar en marcha las garantías de seguridad, que comprometen los territorios en los que las FARC-EP han hecho presencia, pero tan bien la vida de los individuos. Hasta ahora la guerrilla ha cumplido en lo que le ha correspondido. Los problemas han provenido más del lado del Estado colombiano, que ha demostrado una incapacidad mayúscula o que de pronto no pretende cumplir con todo lo convenido. Y eso genera dudas sobre los alcances y las posibilidades del proceso en su fase de implementación.

Debo ser enfático al señalar, que a quien menos le interesa cumplir es a las FARC-EP, entre otras cosas porque ello retrasaría su propósito de convertirse en partido político legal.

Ahora bien, realizado en Congreso del Partido de las FARC en agosto de este año, como hasta ahora está previsto, se ponen en marcha las condiciones especiales y excepcionales para su funcionamiento. Adquiere personería jurídica inmediata y de pleno de derecho; posee condiciones particulares de financiación hasta 20026; y obtiene 5 curules en Senado en 5 curules en Cámara para los períodos de 2018-2022 y 2022-2026, entre otros. Tales condiciones se encuentran hoy incorporadas al ordenamiento jurídico, producto de la reciente aprobación de una reforma constitucional. Según como le vaya en las elecciones al nuevo partido, podrá obtener más curules, cuando el número de votos supere el equivalente a las 5 ya asignadas.

Desde el año pasado, las FARC-EP plantearon la propuesta sobre la necesidad un “gobierno de transición”, sin mayores elaboraciones. Tal propuesta posee relevancia en el contexto de la contienda presidencial que se avecina. El concepto de transición resulta, según sus documentos, de una consideración básica. En Colombia se precisa superar el estado de guerra y excepcionalidad permanente que ha imperado durante más de cincuenta años de contienda armada para abrirle el paso a un ciclo reformista de democratización política, económica, social y cultural, y ello empieza por la implementación de las reformas básicas contenidas en los acuerdos. La perspectiva política en ese sentido consiste en sentar los cimientos para la construcción de una paz estable y duradera. El acuerdo de paz trae consigo los mayores retos, aquellos que se derivan de su implementación y de la reincorporación de la comunidad guerrillera a la vida civil. Por eso se ha hablado de necesidad de desatar la potencia transformadora de los acuerdos en aspectos como los de la reforma rural integral, la apertura democrática y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, bajo el entendido que su materialización será un campo en disputa y una expresión de las luchas sociales y de clase.

En conversaciones sostenidas con los comandantes guerrilleros, he comprendido que su idea de “gobierno de transición” no se limita a una transición política para la implementación de los acuerdos. Su concepción va más allá. Se tiene claro que la implementación de los acuerdos apenas representa parte de las aspiraciones de las clases subalternas, de las gentes del común. Eso sí, básicas, fundamentales, pues dan cuenta de propósitos de reforma históricamente aplazados, en un país cuyas clases dominantes se ha opuesto a todo lo que signifique o represente reivindicación, reforma, y desde luego, revolución.

Aunque la propuesta de gobierno de transición tiene como punto de partida el acuerdo político para la implementación, en su concepción programática la trasciende. Las FARC-EP tienen la certeza de que la implementación de lo

acordado representa un conjunto de mínimos, que debe ser articulado con otras aspiraciones y demandas sociales y populares. Por ello, lo que hasta ahora se conoce del programa para un gobierno de transición incluye además propuestas para el buen vivir y el bienestar de la población, la profundización de la apertura democrática, la reorientación del gasto público para las necesidad más urgentes, la centralidad de la cultura y la educación, la recuperación de la capacidad productiva del país, el acuerdo nacional para un ambiente sano, la recuperación de la descentralización y el reconocimiento de formas autónomas de producción del territorios, la inserción soberana en procesos de integración. Así como el compromiso de impulsar un proceso constituyente abierto.

La propuesta de ese programa está concebida para el diálogo con todas las fuerzas políticas, lo cual significa que existe la disposición de llegar a acuerdos políticos para concretar una gran coalición democrática de amplia convergencia. Las FARC-EP quieren ingresar a la política legal privilegiando construcciones programáticas, antes que definiciones sobre candidatos. Y creo que en eso aciertan.

Concretar ese propósito no será tarea fácil para el nuevo partido político. Entre otras cosas porque en el actual espectro político del país, hay sectores que consideran con desacierto -a mi juicio- que tras la firma del acuerdo de paz y el “desarme” de las FARC-EP el debate político debe reencauzarse a combatir la corrupción. Es indiscutible que ese es un problema del régimen de dominación de clase que hay que combatir. Pero no el esencial. Si se hila delgado ese problema es sistémico y debe ser visto como parte de transformaciones estructurales más profundas, con las que las FARC-EP están comprometidas.

Lo cierto es que las FARC-EP llegan a la vida política legal para enriquecer la contienda política y han manifestado que su interés más que ser fuerza opositora consiste en ser gobierno y alternativa de poder.

(ML): Todas las encuestas dicen que las FARC son impopulares en términos electorales; pero ¿hasta qué punto el hecho de que las FARC no se distancian del Gobierno de Venezuela y de Maduro, les hace más daño? Teniendo en cuenta que la campaña del Centro Democrático, genera con insistencia un clima de terror sobre lo que está pasando en Venezuela y predica que la izquierda nos llevaría a Venezuela, a una situación cercana a Venezuela. ¿No deberían las FARC desmarcarse de Venezuela y de Maduro para justamente dejar atrás ese fantasma? 

(JE): Al respecto te diría dos cosas. Primero, tengo problemas con los análisis que se derivan de las encuestas, aunque no desconozco que son un indicador de la opinión, la mayoría de las veces instrumentalizado. Si nos atenemos a ellas, ha habido un cambio en la opinión sobre las FARC-EP. Hoy se habla de una aceptación que supera el 18%, en relación con los tiempos del inicio de las negociaciones que las situaban en entre el 1% y el 2%. Creo que esa percepción irá

mejorando aún más en la medida en que se consolide la “humanización” de la guerrilla -pues hasta ahora había sido mostrada como una máquina de guerra y victimización-, que se sepa que son hombres y mujeres con convicciones, sujetos políticos, y personas del común como cualquiera de nosotros, y que el Partido de las FARC pueda adelantar su accionar político legal y presentar en franca contienda su propuesta de sociedad. Muy seguramente la “sociedad encuestada” arrojará otros resultados

Ahora respecto de Venezuela. El proceso de paz tiene una deuda histórica con el Gobierno y el pueblo de Venezuela, y en especial con Hugo Chávez. Sin el concurso de ese país hermano, muy seguramente no hubiera sido posible iniciar el proceso de diálogos y negociaciones en La Habana. El acuerdo de paz de Colombia es también de Venezuela. La historia no contada sobre la trasescena, cuando se conozca, dará luces sobre su papel no solo en el inicio, sino en el desarrollo de los diálogos y negociaciones como país acompañante. Creo que las FARC-EP no tienen más que agradecimiento infinito; como lo debería tener el conjunto de la sociedad colombiana. Y justamente por esa razón, pero también por coincidencia política en el sentido de los propósitos de cambio y transformación de la sociedad, es que no debe esperarse un distanciamiento respecto del Gobierno de Venezuela, así eso represente en el contexto colombiano un costo político. Por otra parte, las FARC-EP, como se encuentra señalado en múltiples de sus documentos, reivindican los principios de la no intervención, la independencia y la autodeterminación de los pueblos y acorde con ellos demandan que los asuntos de Venezuela los resuelvan los venezolanos y venezolanas. Obviamente se tiene claro que allí, más allá de la compleja situación que se vive, está en curso una tenaz contienda política que no admite posturas intermedias. Y las FARC-EP están a mi juicio puestas del lado de quienes en Nuestra América ven con preocupación la ofensiva de las fuerzas de la derecha en la Región, que encuentra los grupos opositores en Venezuela una de principales sus puntas de lanza.

Tienes razón cuando aludes a las posiciones del Centro Democrático. No es secreto alguno que la derecha posee articulaciones y estructuras transnacionales. Por eso la situación de Venezuela toca en forma directa con el proceso político en nuestro país. La ultraderecha aglutinada en el Centro Democrático ha venido inventando -como parte de sus prácticas fascistas de comunicación- la especie de la amenaza castro-chavista. Lo acuerdos de La Habana serían el primer paso para la instauración de un régimen de esa naturaleza, por cierto indefinido. La implementación de lo acordado se anuncia como premonición catastrófica que llevaría al país por la senda de Venezuela. Está demostrado que estrategias comunicacionales basadas en la mentira producen rendimientos, hacen mella en la gente. Tengo la certeza que la supuesta amenaza castro-chavista, encarnada por el partido político de las FARC, será bandera de campaña de la ultraderecha colombiana.

(ML): En relación a la situación jurídico-política nacional, y teniendo en cuenta los últimos nombramientos de los magistrados de la Corte Constitucional que han generado mucha controversia, ¿Cómo ven las FARC la integración de la Corte Constitucional? ¿No calcularon el potencial giro conservador que puede tener ese tribunal? 

(JE): No creo que las FARC-EP hayan calculado todo lo que ha venido ocurriendo con la implementación de los acuerdos. Aunque pienso que deben haber considerado que en muchos aspectos en Estado va a incumplir. Es la impronta histórica. El Estado ha incumplido acuerdos suscritos con las guerrillas en otros momentos y también lo ha hecho y sigue haciendo con los compromisos que ha asumido tras jornadas de protesta social.

En lo concerniente a la Corte Constitucional, considero que las FARC-EP llevaron a cabo su negociación bajo varios supuestos. En primer lugar, partieron del hecho de que cuando se negocia y acuerda con el poder ejecutivo, se lo está haciendo con el Estado. La Constitución le concede al Presidente la competencia del manejo del orden público y la facultad de firmar acuerdos de paz. Así es que se puede haber presumido -y por esa misma razón se puede haber confiado- que la Corte garantizará la consagración constitucional de la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En segundo lugar, conociendo los riesgos que conlleva acogerse a las decisiones del tribunal constitucional, se debe haber presumido que la situación de excepcionalidad que se deriva de la posibilidad real de terminar la confrontación armada y de la firma de un acuerdo de paz debería incidir sobre los juicios de constitucionalidad; más allá de las indiscutibles posturas políticas e ideológicas que tengan los magistrados que integren la Corte, bajo el entendido que los acuerdos de La Habana no socaban el ordenamiento constitucional, sino que lo mejoran para construir mayor consenso político y social hasta de poner fin a la rebelión armada en el caso de las FARC-EP, y para habilitar condiciones de implementación de lo acordado. Es decir, creo que se ha confiado en el buen juicio histórico y de contexto. En tercer lugar, se asumió que el Acuerdo Final al comprenderse como acuerdo especial dentro de los Convenios de Ginebra entraba al bloque de constitucionalidad o cuando menos se convertía en parámetro del control de constitucionalidad. Por todo eso creo que en un principio no hubo preocupaciones frente a la Corte y sus fallos.

Por otra, debe reconocerse que este acuerdo de paz ha estado sometido a una increíble “juridificación”, si se permite el neologismo. La política ha sido invadida por el derecho en su peor acepción, la propia de una trayectoria cultural colombiana de “santanderismo jurídico”, de leguleyismo extremo. Un acuerdo de paz que es esencialmente un acuerdo político para terminar un conflicto armado, se ha visto sometido a un tortuoso camino de diseños normativos para hacer posible su implementación. Las FARC-EP habían expresado preocupaciones al respecto cuando el Comandante Iván Márquez hablo de la enredadera jurídica. Hoy creo que

Márquez tenía toda la razón. Lo que yo creo que no imaginó es que esa enredadera creciera el ritmo de la mala hierba. Un ejemplo palpable de todo esto ha sido lo ocurrido con la Ley de Amnistía. Tras su expedición y de cara a su inaplicación por los jueces, fue necesario expedir un decreto presidencial para desarrollarla aún más y como si fuera poco se precisaron resoluciones y hasta directrices para poderla hacer efectiva. A seis meses de la expedición de esa ley la estadística decía que apenas había salido de la cárcel el 30 por ciento de los prisioneros de guerra. Así es que la forma como se dispone el ordenamiento jurídico produce desconfianza; poniendo en evidencia que el Estado sigue organizado en función de un propósito que no logró: ganar la guerra; y que desmontar todo ese aparato va a ser tarea difícil y de no poca monta.

Si a todo lo anterior le agregas que la composición de la Corte se torna vital hasta el punto de hacer depender sus fallos el futuro del proceso de paz, la reflexión se complejiza aún más. Ya no es sólo la renegociación de facto del acuerdo final en el Congreso al momento del trámite y de la aprobación de las normas que desarrollan el acuerdo, sino la espera del juicio de constitucionalidad. Y hay alarma cuando se afirma que existe el peligro de una configuración conservadora, adversa a la perspectiva de la implementación de los acuerdos. Por eso comprendo perfectamente la reacción de las FARC-EP frente al fallo de la corte sobre aspectos del trámite expedito, conocido como de fast track, en el Congreso. Si están cumpliendo, todo lo que suene a incumplimiento por el Estado lo tienen que rechazar.

Desde mi punto vista confío en todo caso en que la Corte Constitucional esté a la altura del momento histórico y que en su seno se imponga la mayoría necesaria para abrirle paso a la esperanza. No descarto los peligros, pues es evidente que los sectores más retardatorios están haciendo todos los esfuerzos posibles por bloquear la implementación y revertir el proceso. Algo insólito, que hace parte de nuestro presente.

(ML): ¿La Jurisdicción Especial para la Paz era la oportunidad entonces de nivelar un poco las altas cortes? 

J.E: No creo que ese haya sido el propósito. La consideración de fondo que subyace en el acuerdo de paz se encuentra en que la terminación de una guerra no es posible con los medios que brinda la justicia ordinaria, sino que es necesario construir una solución de justicia en la que se balancee de manera adecuada el propósito de la paz y la necesidad de impartir justicia por lo ocurrido en la confrontación. En ese sentido, la solución de justicia es también política. Y eso es difícil de comprender de parte de quienes aspiraban a la derrota y al sometimiento guerrillero. Como también lo es en sectores del campo popular sometidos por décadas al ejercicio estructural de la violencia por parte del Estado y al accionar paramilitar.

La negociación del acuerdo de justicia fue la más larga. Se llevó 18 meses. De la pretensión inicial de someter a la guerrilla a la justicia penal, se transitó unilateralmente por parte del Gobierno en 2012 al llamado marco jurídico para la paz. Y ante el rechazo de la guerrilla, fue necesaria la negociación que condujo a acordar la solución de justicia como parte de un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”. Así surgió la “Jurisdicción Especial para la Paz - JEP”, que estuvo precedida en su diseño de intensos debates sobre la responsabilidad en el conflicto. Por presión guerrillera, se integró la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que produjo un informe de suma utilidad en el contexto de la negociación, en la medida en que contribuyó a avanzar hacia un concepto de responsabilidades múltiples, que involucran al Estado, sus agentes, partidos políticos, grupos económicos, medios de comunicación, Fuerzas Militares y de Policía, estructuras de contrainsurgencia y también la guerrilla.

Al hacer parte del señalado Sistema Integral, el enfoque de la JEP son los derechos de las víctimas, más que la punición y el castigo. Por ello, su pilar se encuentra en el ofrecimiento de verdad plena y exhaustiva y en una idea de justicia restaurativa y prospectiva. No contempla condenas y cárcel sino sanciones de reparación moral y material; sin desconocer individuos privilegia acciones colectivas. No excluye en todo caso la punición y la cárcel, situación que procede cuando no se cumple con la suficiencia debida con el requisito de ofrecimiento de verdad.

A mi juicio ese un gran logro de los acuerdos de La Habana. Junto con la Comisión de la Verdad, la JEP contribuye a esclarecer la historia del conflicto, a que emerjan verdades hasta ahora excluidas o no suficientemente escuchadas por el predominio de gobiernos para la guerra. Y puede ser un camino que desde el punto de vista sociocultural contribuya a consolidar escenarios de reconciliación, en un contexto en el que en todo caso continuará la conflictividad social y de clase que le es inherente al orden social vigente. Esa solución de justicia contribuye además a superar la impunidad estructural que ha caracterizado la administración de justicia. Y se ciñe a los parámetros del derecho internacional en el tratamiento de graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

(ML): Finalmente, ¿Qué sigue en lo inmediato y que se puede esperar en los próximos meses? 

(JE): Lo que sigue es la terminación del proceso de dejación de armas. La dejación de las armas que están en manos de cada combatiente debe terminar el 20 de junio. Luego se deben desmontar los 940 depósitos clandestinos de armas, explosivos y armas no convencionales. El plazo fijado es hasta el primero de septiembre. Las Zonas Veredales, donde hoy se encuentran localizadas las FARC-EP dejarán de existir el primero de agosto y se convertirán en Zonas de Capacitación y Reconciliación, nuevos territorios de paz. Todo ello, si el Gobierno cumple con lo que le corresponde en materia de seguridad jurídica, socioeconómica y física de los

integrantes de las FARC-EP. Es decir, si no hay situaciones excepcionales o incumplimientos manifiestos, al terminar agosto de este año las FARC-EP se habrán convertido en partido político legal y continuarán su brega. Entre tanto, si existe la voluntad política, se terminarán de desarrollar el marco normativo requerido para la implementación temprana de los acuerdos. Todo ello ocurrirá en un contexto de intensificación de la contienda política. Arreciará la ofensiva de la ultraderecha, pero se ampliará el espectro a favor de la implementación y la construcción de la paz en la medida en que se conozcan las bondades de los acuerdos. Debo reconocerlo, hay un ascenso coyuntural de algunas luchas, pero aún muy poca apropiación social de lo acordado. Y ese es un talón de Aquiles de este proceso. No se podrá consolidar la perspectiva de paz en Colombia si no hay movimiento que le sirve de sustento a ese noble propósito. En cualquier circunstancia vivimos un momento de inflexión histórica.

Jairo Estrada es profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde hace 25 años; es economista y Ph.D. en Economía de la Hochfachschule fuer Oekonomie de Berlín. Portavoz en el Senado de la República de la agrupación política “Voces de Paz y Reconciliación”.

Fuente: www.sinpermiso.info

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