La historia oculta del camarón

La historia oculta del camarón

La historia oculta del camarón

Una industria con buenos resultados, pero donde abundan las denuncias de violencia contra los cangrejeros y concheros. El decreto ejecutivo 1391 aceleró ese proceso, aseguran los comuneros. Los camaroneros acusan ataques de la delincuencia.

Por Decio Machado (Sociólogo y periodista, miembro de la Fundación ALDHEA)

Publicado en Plan V el 27 de septiembre de 2013

La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los sesenta, cuando se empieza la explotación de las pampas salinas o salitrales y, por su rentabilidad, se amplía a tierras agrícolas y manglares. En los ochenta, esta actividad había crecido un 600%, posicionando al Ecuador entre los primeros exportadores a escala mundial.

La crisis del camarón llegó a finales de los noventa, como consecuencia del  virus de la mancha blanca, lo cual provocó una caída en la producción que pasó de 250 millones de libras a 80 millones. Desde el 2006 la producción nacional recupera su volumen y en el 2012 se exportaron 450 millones de libras. Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Proecuador, las exportaciones del camarón generaron divisas por USD 1276,9 millones durante el 2012, y fueron el segundo rubro en exportaciones no petroleras del país, tras el banano.

En octubre del 2008, el gobierno del presidente Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo 1391 de “regularización de la acuacultura industrial del camarón”. El fin era “poner en orden la casa” y regularizar una industria que, a pesar de su importancia exportadora, se mantenía en gran parte en la ilegalidad.

Así lo señaló Vicente Jácome, director de Protección Ambiental Marino-Costera de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, Dirnea, en enero del presente año, cuando dijo a diario Expreso que el proceso de regularización detectó 559 nuevas camaroneras en el país. Aunque los resultados del proceso no han sido oficialmente publicados por las autoridades, expertos del sector estiman que a escala nacional la superficie ocupada por camaroneras es de 263 000 ha, según el registro de la Subsecretaría de Acuacultura.

Pero los avances no se quedaron en el crecimiento del área camaronera del país. Según José Camposanto, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, el rendimiento por hectárea pasó de 1200 libras en 1998 a 2400 libras en la actualidad, superando a sus principales competidores asiáticos.

Depredación, despojo y muerte en el manglar

El Acuerdo Ministerial 498, de 1986, del Ministerio de Agricultura y Ganadería declaró como bosque protector 362 742 hectáreas  de superficie de tierras cubiertas de bosque manglar. Sin embargo, en el Mapa Forestal del Centro de Levantamiento Integrado de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Clirsen) del 2000 ya sólo se detectaban 108 299 ha de manglar. Paralelamente, el Censo Nacional Agropecuario desarrollado en 1999 reconocía la existencia de 234 359 ha de piscinas camaroneras. Bajo el análisis de estos datos, podríamos deducir que el desarrollo de la industria camaronera ha ido acompañado de la pérdida del 70% del ecosistema manglar nacional.

Para los habitantes del Litoral, el impacto de la industria camaronera en el país no sólo ha sido ambiental. Jorge Luís Jara Abril, pescador artesanal de Huaquillas, población fronteriza con Perú, en la provincia de El Oro, recuerda cómo su padre falleció electrocutado el pasado 2 de mayo del 2011 en la cerca electrificada de una camaronera propiedad de un capitán de la Fuerza Aérea Ecuatoriana  en servicio pasivo. “Mi padre tenía 49 años y cinco hijos. No nos indemnizaron; es más, acusaron a mi padre de estar robando, lo cual no era cierto. Mi papá estaba recolectando cangrejo y llevaba su ropa de faena”.

No es el único caso en Huaquillas. Victoria Bella Fajardo quedó viuda el 24 de noviembre del 2007 con cinco hijos a su cargo. Quien fuera su marido, Harris Eduardo Martínez, era mecánico de motores fuera de borda y fue presuntamente secuestrado y torturado en una camaronera en el estero El Ceibo, y murió de un disparo en la cabeza, según denunció su familia. La versión de quien fuera propietario de la camaronera se limitó a afirmar que encontraron su cuerpo cerca de su propiedad.

En Puerto Jelí, en la parte sur de la provincia de El Oro, también es fácil encontrar testimonios de violencia atribuidos a la industria camaronera. Willian José Navarro, de 36 años años, dijo a Plan V que en mayo de este año, cuando recogía cangrejos, guardias de una camaronera en el estero Boca del Lagarto le dispararon. “No me dieron previo aviso, sólo me insultaron y dispararon. Estábamos a unos 10 metros de sus cercas”, dijo Navarro, mientras enseñaba las radiografías que comprobaban el impacto de perdigones en su cabeza. Él es miembro de la Asociación de Mariscadores 19 de Octubre, y manifiesta que al menos dos miembros más han sido atacados por perros que cuidan las camaroneras: “hay muchos lugares donde la gente tiene miedo de ir a recoger cangrejos o conchas porque los vigilantes nos disparan”. Su compañero de faena, José Reyes, de 54 años, relata su caso: “Estaba recolectando cangrejos en el estero Pongal cuando me cogieron los vigilantes y me tuvieron retenido durante siete horas por órdenes del dueño de la camaronera”, y prosigue “sucedió hace cinco años, desde entonces nadie se acerca a esa camaronera. Fue la Marina la que nos dijo que el propietario era complicado y que era mejor no ir por allá a trabajar”.

Puerto Jeli tiene al menos 300 recolectores de concha y cangrejo que viven de su precario oficio en medio de la pobreza y combinan la recolección con la pesca artesanal como única fuente de subsistencia. Ramón Ruiz, presidente de la Asociación de Mariscadores 11 de Enero, de esa localidad, denunció también que muchos camaroneros han cortado pasos fluviales entre los esteros, con cercas de bambú, mangle o guayacán. “Nos impiden el acceso a áreas de trabajo donde ancestralmente nuestros pueblos han trabajado y se han alimentado”. Según Ruiz existe una profunda contradicción entre el discurso y la práctica gubernamental. “Nos dicen que el ser humano está por encima del capital, ¿pero dígame si esto se corresponde al discurso? Nuestras alternativas económicas son cada vez más limitadas”, manifiesta este vocero mientras señala diversas cercas que cortan el paso en varios puntos del estero La Atalaya.

Para estas poblaciones, que históricamente viven y subsisten del ecosistema manglar, la situación comienza a ser preocupante. Mientras la industria camaronera y el Estado se felicitan por los resultados económicos del pasado año, los recolectores cobran tan sólo 15 dólares por cada 100 conchas recolectadas, 5 dólares por el tacho de 40 libras de ostión y 75 centavos por cangrejo, todo ello sometidos a los intermediarios que son los que realmente rentabilizan estos productos. Por ejemplo, un cangrejo en el mercado de Guayaquil llega a costar hasta dos dólares la unidad.

Bajo Alto es una de las comunas que han sufrido desalojos en el sur de El Oro. Su presidente, Fulton Jaén, manifiesta que “se presentó una petición a la Presidencia de la República para que sean revertidas las concesiones a las camaroneras que están instaladas en tierras comunales ancestrales”. Según Jaén, unas 60 familias que vivieron durante cinco años y medio en cuatro hectáreas de una camaronera que había sido abandonada por Esteban Quirola, uno de los grandes de esta industria, fueron desalojados con violencia por parte de las fuerzas policiacas,  el 24 de agosto pasado. “Diez personas fueron detenidas y una mujer abortó -dice-, la Policía actuó en su momento sin orden de desalojo, siendo los detenidos enjuiciados por rebelión por defender su derecho a la vivienda”, sentencia el Presidente del Cabildo. El proceso sigue abierto a la espera de resolución judicial.

Washington Véliz, vocero de la Asociación de Recolectores de Marisco Ni Un Paso Atrás, de la vecina comunidad Puerto Grande indica, “los camaroneros son los grandes destructores del manglar en el país, las comunidades que vivieron ancestralmente a la vera del mar fueron desplazadas sin indemnización alguna. Las zonas del mangle donde se reproducen y alimentan los peces en la zona están muy afectadas”. En eso coincide Alberto Campos, presidente de la Asociación 24 de Octubre de Bajo Alto, quien indica que “la tala de mangle significa que todo lo que está alrededor se seca y se muere”.

Lucio Cacao, portavoz de la Asociación Venecia del Mar, de Puerto Bolívar, asegura que “desde 1990 tenemos constancia de al menos nueve muertes tan solo en la provincia de El Oro”. Cacao narró cómo los perros de una camaronera mataron a su primo, hace cinco años, en el estero Casa Camarón: “se llamaba Santiago Cruz, tenía 45 años, y mientras trabajaba recogiendo concha en los alrededores de una camaronera fue despedazado por más de diez perros de raza "rottwailer”. Cuando se supo lo que pasó, la indignación en Puerto Bolívar llegó a tal nivel que la camaronera fue ocupada, siendo sus muros reventados por la población. El entonces propietario tuvo que abandonar el lugar, vendiendo la camaronera a su actual concesionario. Cacao se pregunta cómo pueden vender propiedades que son bienes de uso público según la Constitución. Incluso en la actualidad, tras la regularización, estas áreas están en concesión por 10 años y no en propiedad.

El último cangrejero muerto en El Oro fue Heriberto Antonio Hidalgo, quien falleció electrocutado en las cercas de una camaronera en el estero Nuevo Pilo en Puerto Bolívar, a mediados del pasado mes de agosto. Su hijo Darío Hidalgo, uno de los cinco huérfanos, manifestó al ser interrogado por este medio que había recibido una llamada de la abogada del camaronero momentos antes y no quería problemas.

En Manabí sigue la historia

La historia de Patricia Rocío Valencia también es dramática. Esta joven narra como el 20 de septiembre de 2010 se enteró de que su esposo, Verdi Elis Anchundía, había sido asesinado dentro de la camaronera Feba en la comuna Santa Teresa en Manabí: “Nosotros teníamos una casita de caña con animales tras la camaronera Feba, todos los días mi marido cruzaba un camino comunal en el interior de la finca para llegar hasta allí, donde manteníamos animales y algunos cultivos. El día de su muerte su cadáver fue encontrado en ese camino del interior de la camaronera, tenía signos de haber sido golpeado y murió de un disparo en la cara”. La camaronera es otra que ha ido cambiando de titularidad constantemente. Según Patricia, “tras el asesinato los guardianes se dieron a la fuga y el camaronero se desentendió. Cuando llegó el día de las últimas elecciones me preocupé de enterarme dónde tenían que sufragar estos guardianes y allí capturamos a uno de ellos, entregándoselo a las autoridades. Habían pasado dos años y medio del asesinato y la Policía no había hecho nada por detenerlos”. El juez lo liberó el pasado mes de junio. Apenas estuvo cuatro meses en la cárcel. “Desde entonces lo único que pido es justicia”, manifiesta la joven viuda, quien denuncia a su vez haber tenido múltiples mensajes de amenaza en su celular, los cuales aún conserva y sobre los cuales la Fiscalía no ha desarrollado acción alguna.

Ante estos casos de violencia, parece una incongruencia que el gobierno haya puesto en marcha, desde mediados del pasado año, la entrega de permisos por los cuales se faculta al gremio camaronero a portar armas de fuego en el interior de sus haciendas o concesiones y durante el traslado de su mercancía, con el fin de precautelar su seguridad en dichas zonas.

Los desalojos de moradores en zonas del manglar continúan. El pasado 4 de diciembre fue desalojada una docena de familias en la comunidad Bilsa, en la provincia de Esmeraldas. Sus viviendas fueron quemadas. Según la abogada Lourdes Proaño, de la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (Ccondem), esta acción se hizo sin comunicación previa por parte de la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura. Por lo cual, dijo, se hizo caso omiso a la disposición constitucional del debido proceso y seguridad jurídica. Las víctimas no pudieron ejercer su legítimo derecho a la defensa.

Este estado de tensión se vive actualmente en la comunidad de El Verdún en la provincia de Manabí, donde la comunidad ha puesto un recurso de amparo, que se perdió en primera instancia, contra una camaronera propiedad de Jefferson Loor Moreira, quien reivindica como suyas las zonas de cultivo, de las cuales más de noventa familias, de dicha comuna, subsisten económicamente.

Según Líder Góngora, director de la Cconcem, “hay que aclarar que los manglares son bienes nacionales de uso público y por lo tanto no son propiedad privada de alguien. Son los pueblos ancestrales del manglar, los mismos que en las últimas cuatro décadas sufren la violencia de una industria criminal y desordenada, quienes han conservado este ecosistema de vida para nuestros pueblos”. Góngora recuerda que en 1999 se planteó una moratoria desde Ramsar, convención internacional de la cual el Ecuador es parte, hasta que se hagan los estudios y análisis de la capacidad de carga de estos sistemas marino costeros, cosa que no se respetó en su momento y que sigue sin aplicarse.

Ramsar es la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Entró en vigencia en 1975 con el apoyo de 160 países. El Convenio Ramsar (nombre de una ciudad iraní) gira en torno al uso racional de los humedales y sus órganos ejecutores tienen escogidos 1900 humedales de importancia mundial.

Para este vocero, “tras el proceso de regularización generado a partir del Decreto 1391, esta industria pasa de un estado ilegal a legal pero manteniendo sus consecuencias desastrosas. La violencia se profundizó a raíz de que los camaroneros pasan a considerarse propietarios del manglar. La demanda de inconstitucional a este decreto fue presentada en abril del 2009 y la Corte Constitucional mantiene hasta hoy el silencio como respuesta”.

Decio Machado

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