Perú y la tala ilegal: mártires en la defensa de la Amazonía

Perú y la tala ilegal: mártires en la defensa de la Amazonía

Perú y la tala ilegal: mártires en la defensa de la Amazonía

Por LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE

El asesinato del pasado 1 de septiembre de Edwin Chota, líder de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto del departamento peruano de Ucayali, y de tres de sus colaboradores de etnia asháninka, por madereros clandestinos ha sido unanueva demostración de que la tala ilegal y la deforestación no se detendrán si no se fortalecen los derechos de los pueblos amazónicos sobre sus territorios ancestrales.

Hace más de una década que Chota, que tenía 53 años en el momento de su muerte, era un activo oponente de las mafias madereras y uno de los principales defensores de la titulación de las tierras de las comunidades amazónicas, unas gestiones que empezó en 2002, cuando casi todas las tierras de los asháninkas de la cuenca del Ucayali fueron entregadas en concesión a diversas madereras.

Los asháninkas ya fueron diezmados en los años ochenta por Sendero Luminoso, que atacó a sus comunidades cuando sus miembros se negaron ser reclutados en sus filas. La lucha en la que se ven implicados ahora no es menos violenta y probablemente mucho más importante para su supervivencia: la protección de su hábitat.

“Tienen que consultarnos (…) Es un derecho que tenemos como ciudadanos peruanos, no es un acto de caridad”, demandaba Chota, que no quería el asistencialismo del Estado sino títulos para que las comunidades puedan proteger mejor los bosques.

Todo hace pensar que en las próximas décadas los mayores conflictos sociales en la cuenca amazónica se librarán en ese terreno. En la Amazonía viven unos 500 pueblos originarios, 66 de ellos en territorio peruano, 14 de los cuales están aislamiento voluntario. La familia étnica arawak es la más importante de ellas y comprende a los asháninkas (mayoritarios), asheninkas, nomatsiguengas, kakinte y yaneshas.

Según la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FCNUA), las 82 comunidades indígenas de la zona tienen conflictos con las madereras cuyas concesiones están superpuestas sobre sus territorios. Las concesiones forestales maderables en el Perú suman unas 7,1 millones de hectáreas, un 35% de las cuales están en Ucayali. La titularidad de sus tierras es la única herramienta que permitiría a las comunidades nativas excluir sus territorios de las concesiones forestales.

Un crimen anunciado

ChotaLeoncio QuinticimaJorge Ríos y Francisco Pinedo fueron asesinados cuando se dirigían a Apiwtxa, un aldea asháninka brasileña, para discutir con sus dirigentes la forma de luchar contra la tala ilegal. El año pasado la deforestación aumentó un 29% en Brasil en relación a 2012 después de cuatro años consecutivos en declive, según cifras oficiales, lo que ha empujado a muchos de sus miembros –unos 900.000, pertenecientes a 305 comunidades nativas– a vivir en las favelas de las grandes ciudades del país.

Hoy uno de cada cuatro indígenas brasileños vive en zonas urbanas, un destino que quieren evitar los pueblos amazónicos peruanos.Pero su causa es global. La Amazonía es además de un pulmón planetario y su mayor reserva de biodiversidad, un cortafuegos contra todo tipo de enfermedades infecciosas.

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, un aumento de la deforestación del 4% aumenta en un 50% la incidencia de la malaria o el paludismo, dado que los mosquitos, que transmiten esas enfermedades, proliferan en el caldo de cultivo generado por el calor y el agua estancada que dejan las áreas deforestadas.

Peter Daszak, presidente de la ONG EcoHealth, sostiene que casi todas las enfermedades infecciosas emergentes en los últimos 30 o 40 años –entre ellas el ébola y el sida– que se han cuadruplicado desde 1950, han aparecido tras la irrupción humana en hábitats y ecosistemas tropicales vírgenes.

Pero la lucha de quienes tomen la antorcha de Chota no va a ser fácil. Después de que consignara los nombres de los funcionarios involucrados en la tala ilegal, comenzó a recibir amenazas de muerte. José Estrada Huayta, un empresario al que se le concedieron 50.000 hectáreas de bosque, le denunció por narcotráfico.

La única arma que tenía Chota era una cámara fotográfica y un GPS con los que registraba los abusos y rastreaba los cargamentos de madera extraída ilegalmente. En 2012 la Sociedad por los Pueblos Amenazados denunció el peligro que corría su vida. En junio de 2013, el New York Times reprodujo sus denuncias de que muchas familias asháninkas estaban siendo forzadas a trabajar en los campamentos madereros.

Chota intentó el año pasado que un fiscal especializado en delitos medioambientales incautara madera ilegal en un astillero de Pucallpa, la capital de Ucayali. No sirvió de nada. El fiscal fue destituido por el gobierno regional (GRU).

La última vez que Chota estuvo en Lima, tras un viaje de seis días desde Masisea, fue el pasado junio. La Defensoría del Pueblo le había gestionado una reunión con funcionarios de diferentes ministerios. Los únicos que acudieron fueron asesores sin poder decisorio que le hicieron promesas que no cumplieron.El GRU, por su parte, esgrimió que no tenía presupuesto para demarcar el territorio de su comunidad. No es extraño. Según Roberto Guimaraes, dirigente de la FCNUA, en el GRU “mandan los madereros”.

Ahora, el gobierno central ha prometido indemnizar a las viudas de los líderes asháninkas y establecer una base militar y un puesto policial permanente en la zona. Pero nada se avanzará mientras no se solucione el problema de la titulación y se aprueben los reglamentos de consulta previa, paralizados en el Congreso pese a que ambos proyectos fueron unas de las principales promesas de Ollanta Humala en su campaña electoral.

Su gobierno, el Congreso y los organismos técnicos recibieron cartas de Chota que jamás fueron atendidas. Solo tras su muerte llegó a la zona la primera ministra, Ana Jara, y el ministro del Interior,Daniel Urresti. Y ello probablemente porque Lima albergará el próximo diciembre la COP20, la conferencia climática global más importante de la ONU.

Los principales medios internacionales destacaron la noticia del asesinato de Chota más que la propia prensa peruana. Para contrarrestar esas denuncias, el gobierno ha creado una comisión de titulación de Saweto y la de un alto comisionado contra la tala ilegal.

Un negocio en auge

El dinero que mueve el negocio de la madera corrompe a autoridades, policías y jueces con mucha facilidad.Según un informe de 2012 del Banco Mundial, el 80% de la madera exportada por el Perú –sobre todo cedro y caoba– es talada ilegalmente.

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), encontró en 2013 que en el 74% de los contratos o autorizaciones forestales que inspeccionó, había información falsa sobre el número de árboles extraídos, su especie, volumen y ubicación.

Según sus estimaciones, entre 2009 y 2013 el volumen de madera extraída y comercializada ilegalmente en todo el país alcanzó más de 208 millones de pies tablares. Y ello solo contando los datos de las supervisiones, lo que deja de lado las miles de hectáreas que son tierra de nadie.

El problema se extiende a los empresarios formales que blanquean los ingresos de la tala clandestina y a los funcionarios que prefieren mirar a otro lado debido a los sobornos o a las amenazas. Las concesiones forestales son muchas veces utilizadas para producir inventarios que listan árboles inexistentes. Las autoridades aprueban después esos inventarios falsos, de modo que los concesionarios consiguen documentos “legales” para “lavar” madera de la tala ilegal.

Carlos Henderson Lima, funcionario del GRU, por ejemplo, es también representante legal de Maderera Marañón, cuatro de cuyas concesiones anuló Osinfor tras comprobar el origen ilegal de más de 4.000 metros cúbicos de la madera de sus aserraderos.

Pero la tala ilegal no es el único problema al que se enfrentan las comunidades amazónicas. El lote petrolero 108 localizado también en parte en el departamento de Ucayali podría tener una de las reservas gasíferas más importante del país.

El lobby minero y petrolero en Lima se ha apresurado a acusar a los “antipatriotas de siempre” –es decir, al habitual “contubernio” de curas, izquierdistas, pseudo- ambientalistas y falsos líderes indígenas y campesinos– de querer detener el proyecto para “mantener al país en el atraso y la pobreza” mediante huelgas y cierre de carreteras que obliguen a Pluspetrol a retirarse de la zona sin realizar las labores de exploración.

Movilizaciones similares han paralizado proyectos extractivos de diversos recursos naturales en Tambogrande, Conga, Santa Ana y las represas de Inambari y Cañariaco, entre otras. Las protestas pasan siempre por crear comités y frentes de defensa.

En una carta dirigida al obispo de San Ramón,Gerardo Zerdin, un supuesto “grupo de apoyo” al proyecto petrolero, acusó al sacerdote españolRicardo García de su eventual paralización, recordándole que si “algún hermano indígena” se veía afectado por cualquier hecho de violencia, “nosotros aplicaremos nuestra propia ley, nuestra propia justicia”.

Fuente: Infolatam

Decio Machado

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